Policías retirados reclaman a la Legislatura una intervención urgente por deudas previsionales
La Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares del Personal Policial Retirado pidió que se activen mecanismos de control, reasignaciones presupuestarias y una eventual ley de emergencia para garantizar el pago de haberes y aguinaldos adeudados a 540 familias fueguinas.
Río Grande.- En la antesala de la apertura del período de sesiones ordinarias del próximo 1 de marzo, la Asociación de Esposas, Pensionadas, Hijos y Familiares del Personal Policial Retirado de la provincia elevó una nota formal a los legisladores de la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para exigir una intervención institucional ante la deuda previsional que afecta a 540 familias.
El planteo se da en un contexto de creciente preocupación por la falta de percepción íntegra de haberes y del sueldo anual complementario correspondiente a personal policial retirado. Según señalaron, no se trata de una controversia técnica o administrativa, sino de una situación que impacta directamente en “derechos alimentarios, de subsistencia y de dignidad”.
En el documento, la entidad remarca que la jornada inaugural del período legislativo no debería convertirse en un acto meramente formal, sino en el punto de partida de un compromiso concreto con las problemáticas sociales que atraviesan cientos de hogares fueguinos.
Reclamo de control y responsabilidades
Uno de los ejes centrales del planteo apunta al rol de control parlamentario sobre la Caja previsional. La asociación recordó que las autoridades del organismo fueron convocadas en dos oportunidades por la Legislatura y no se presentaron, amparándose en una “estrategia de inversión y reorganización patrimonial”. Sin embargo, sostienen que hasta el momento no se habrían registrado consecuencias institucionales ante esas incomparecencias.
En ese sentido, advierten que la facultad de interpelación y control no puede reducirse a una formalidad sin efectos concretos, especialmente cuando se encuentran comprometidos derechos de carácter alimentario.
Asimismo, los firmantes instaron a que se analicen responsabilidades administrativas y patrimoniales de quienes habrían conducido a la institución a la situación actual, solicitando que, de corresponder, respondan con su propio patrimonio si así lo determinara la Justicia.
Propuestas legislativas: presupuesto y emergencia
En el plano presupuestario, la asociación planteó la posibilidad de promover modificaciones al Presupuesto 2026, con el objetivo de reasignar partidas que permitan al Estado provincial cumplir su rol de garante solidario del sistema previsional policial. A su entender, la falta de intervención podría profundizar el déficit y ampliar la deuda acumulada.
Otra de las alternativas sugeridas es la declaración de emergencia del sistema previsional policial o la sanción de una ley de salvataje que habilite transferencias directas del Tesoro Provincial para cubrir los montos adeudados y asegurar el pago regular de haberes y aguinaldos.
También reclamaron que la Legislatura exija formalmente al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de las obligaciones previsionales y realice un seguimiento institucional, documentado y público de los eventuales fallos judiciales que ordenen el pago de la deuda, así como de su efectiva ejecución presupuestaria.
“La omisión también genera consecuencias”
El tono de la nota combina respeto institucional con firmeza. “No pretendemos señalarles el camino, sino recordar que existen mecanismos institucionales vigentes y disponibles”, expresaron, al tiempo que advirtieron que cada día de demora agrava la situación económica de cientos de familias.
Finalmente, la asociación manifestó su expectativa de que los legisladores asuman el compromiso que exige la investidura y actúen antes de que la crisis escale al punto de requerir intervenciones externas que, según sostienen, podrían evitarse mediante decisiones políticas oportunas.
El reclamo, enmarcado en la próxima apertura legislativa, vuelve a poner en el centro del debate la sostenibilidad del sistema previsional policial y el rol del Estado provincial frente a obligaciones que, por su naturaleza alimentaria, cuentan con protección constitucional.
