Comunicado del Movimiento Popular Fueguino por la situación de los trabajadores del petróleo
Ante la presentación realizada por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego respecto de la situación laboral que atraviesan los trabajadores vinculados a las áreas hidrocarburíferas transferidas desde YPF a Terra Ignis Energía S.A., desde el Movimiento Popular Fueguino expresamos nuestra profunda preocupación por el riesgo que hoy
Sin embargo, también debemos señalar que nos llama poderosamente la atención que el destinatario principal del reclamo sea la Legislatura Provincial, cuando resulta evidente que la responsabilidad política y administrativa de esta situación recae en el Poder Ejecutivo Provincial, en Terra Ignis y en quienes diseñaron, negociaron y ejecutaron el proceso de transferencia de las áreas.
Durante el tratamiento legislativo de las cesiones de áreas a Terra Ignis, desde el Movimiento Popular Fueguino manifestamos nuestras reservas y advertencias respecto de una operación de enorme sensibilidad estratégica para la provincia. Lo hicimos porque entendíamos que se estaba avanzando sobre una decisión trascendental sin las certezas necesarias sobre la sustentabilidad operativa, productiva y laboral del esquema propuesto.
Si algo quedó demostrado es que nada que conduzca el gobernador Gustavo Melella, la ministra Gabriela Castillo y el ñoqui más caro de la provincia Maximiliano D’Alessio puede funcionar, solo pusieron a la provincia en una situación de gran incertidumbre, menor previsibilidad y serios riesgos de empleo y producción. Los hechos son contundentes y no admiten discusión.
También resulta necesario recordar que la Legislatura Provincial, mediante el trabajo de la síndica Dra. Constanza Carro, promovió desde el inicio una serie de medidas orientadas a fortalecer el control, la transparencia y el acceso a la información sobre la gestión de Terra Ignis. La respuesta del Gobierno Provincial no fue aportar claridad ni facilitar los controles, sino impulsar su remoción.
Los hechos son contundentes: cuando se intentó controlar, el Gobierno respondió desplazando a quien ejercía esa tarea. Por eso resulta difícil aceptar hoy que se pretenda trasladar responsabilidades a la Legislatura, cuando fue el propio Poder Ejecutivo quien trabajó activamente para debilitar los mecanismos de control y evitar rendir cuentas sobre decisiones que son exclusivamente suyas.
También corresponde recordar que, cuando se debatió la salida de YPF y la transferencia de las áreas a la órbita provincial, la posición del sindicato fue pública y explícita acompañando ese proceso. Los representantes gremiales dialogaron con todos los bloques legislativos y expresaron su respaldo a la decisión de que la provincia asumiera la conducción de estas áreas estratégicas. En aquel contexto, el Movimiento Popular Fueguino mantuvo una posición prudente y de reserva, advirtiendo sobre los riesgos que implicaba avanzar sin un plan claro para garantizar inversiones, producción y empleo.
Por eso resulta difícil comprender que hoy la Legislatura sea presentada como la principal responsable de una situación originada en decisiones adoptadas y ejecutadas por el Poder Ejecutivo Provincial y por las autoridades de las empresas involucradas.
Pero además existe otro elemento que genera enorme preocupación y sobre el cual el Gobierno Provincial guarda absoluto silencio. Nos referimos a las áreas actualmente operadas por la empresa Roch, cuyas concesiones vencen en el próximo mes de agosto y que involucran a cerca de 300 trabajadores.
A pocas semanas de esa fecha límite, no existen definiciones claras por parte del Poder Ejecutivo. No se conocen avances concretos para una eventual prórroga de las concesiones, tampoco se ha informado sobre la realización de procesos licitatorios que permitan garantizar continuidad operativa, inversiones y preservación de los puestos de trabajo.
La ausencia de planificación, la falta de previsibilidad y el silencio oficial frente a una situación de semejante magnitud generan una enorme incertidumbre en todo el sector hidrocarburífero fueguino. Entendemos que si no se adoptan medidas urgentes, la provincia podría enfrentar una crisis sin precedentes que comprometa cientos de empleos, la producción energética y una actividad estratégica para la economía fueguina.
Resulta preocupante que mientras se buscan responsables en otros ámbitos institucionales, el Gobierno Provincial no brinde explicaciones sobre el futuro de las áreas de Roch ni sobre las decisiones que piensa adoptar para evitar una nueva pérdida de empleo en el sector.
Desde el Movimiento Popular Fueguino reafirmamos nuestra defensa irrestricta de cada puesto de trabajo petrolero y acompañaremos toda instancia institucional orientada a proteger el empleo, la producción y el desarrollo energético fueguino.
Pero también creemos que es momento de asumir responsabilidades. Quienes tomaron las decisiones, diseñaron el modelo de gestión y hoy tienen a su cargo la conducción de la política energética provincial deben dar respuestas concretas a los trabajadores y a toda la sociedad fueguina en su conjunto.
La defensa del empleo petrolero exige seriedad, transparencia, planificación y responsabilidad política. Los trabajadores merecen certezas, no improvisación. Y Tierra del Fuego necesita un gobierno que se ocupe de prevenir las crisis, no de explicar sus consecuencias cuando ya es demasiado tarde.
